SOBRE SISTEMAS Y OTROS TEMAS

Civilización en crisis

Los efectos del los cambios del clima sobre distintas regiones del planeta demuestran que nos encontramos en una fase aguda (y al mismo tiempo grave) de una inevitable y anunciada crisis de la civilización humana, y particularmente de la llamada “civilización occidental”, que durante muchas generaciones ha impuesto una manera particular de entender el mundo y de interactuar con sus dinámicas.

Las nevadas de finales del año pasado y principios de este han superado la capacidad de adaptación de países como Rusia, que en otras épocas se alió con el frío para vencer a los ejércitos de Napoleón y de Hitler. En los Estados Unidos, en Europa y en China, en donde los inviernos fuertes son una expresión normal de la variabilidad climática, colapsan los sistemas de transporte terrestre y aéreo, con graves perjuicios para las economías y para el normal desarrollo de las actividades cotidianas. En Japón la nieve hunde una flota pesquera. En el sur del continente suramericano, la ola de calor, que también es una expresión normal de la variabilidad climática en esta época del año, “revienta” la capacidad de las empresas generadoras de energía para responder a la demanda de los equipos de aire acondicionado. Miles de aves y otros animales mueren masiva y misteriosamente en distintas latitudes del planeta. (Enero 14: ahora Brasil, Sri Lanka... la lista de países inadaptados a las dinámicas climáticas aumenta hora tras hora.)

La 'huella ecológica' del desarrollo, tal y como lo entendemos y llevamos a cabo el día de hoy

Las noticias de muchos de estos procesos actuales repiten textualmente lo ocurrido a finales de 2009 y principios de 2010 en los mismos lugares del mundo. En 2003 una ola de calor causó de manera directa o indirecta, la muerte de cerca de 50 mil personas en Europa. Por lo visto, ese futuro que esperábamos como consecuencia del cambio climático, ya se convirtió en un terrible presente.

Esta crisis de civilización no es solamente de paradigmas (con todo lo que ello implica en el mediano y largo plazo), como lo fueron las que desencadenó la ‘revolución copernicana’ que desplazó a la Tierra, y con ella al ser humano, desde el centro de la Tierra hacia una posición periférica en el Sistema Solar; o la ‘revolución darwiniana’ que desplazó al ser humano del centro de “La Creación” y nos obligó a reconocernos como una especie más (o más bien: como una etapa más) en la evolución de la vida en la Tierra.

Los efectos de esta crisis de la civilización posiblemente tienen más elementos en común con los que produjo la peste (o distintas ‘pestes’) en Europa en la Edad Media y en épocas anteriores y posteriores. Seguramente el traslado de la Tierra desde el centro hacia la periferia del Sistema Solar, no generó efectos inmediatos que se le metieran a la gente en las casas, como sí lo están haciendo ahora el agua y el barro en miles de hogares y otras edificaciones de Colombia, de Venezuela, de Australia y del Brasil. Aunque claro, Galileo podría exponer varios argumentos para refutarme.

Estamos ante una crisis de paradigmas, que como las otras citadas, debería conducir a la especie humana a reconsiderar su arrogancia, pero también ante una crisis con efectos de cortísimo plazo, que obliga a los gobiernos y a las sociedades a actuar con prontitud para intentar al menos proteger vidas humanas y aliviar los traumatismos más inmediatos. Es una crisis de paradigmas y cosmovisiones, y al mismo tiempo una gravísima crisis ecológica y humanitaria.

Colombia, por supuesto, no escapa a los efectos locales de esa crisis planetaria. En este momento el país vive el peor de los desastres que lo han afectado en su historia, desde el punto de vista de la extensión comprometida. La incapacidad del territorio colombiano para absorber los efectos de una temporada invernal muy fuerte, se están manifestando desde La Guajira hasta Nariño y desde Norte de Santander hasta el Chocó. (En los Llanos Orientales, paradójicamente, se advierte sobre el peligro de incendios forestales). Nada de lo que está sucediendo en el país en este momento es inédito (inundaciones con efectos desastrosos en el Caribe, ruptura del Canal del Dique, deslizamientos en zonas urbanas y rurales de la región andina, etc.), pero lo que sí es nuevo es que todo suceda al mismo tiempo y con una intensidad tan desbordada.

Sistemas fallidos

Nos sorprende, nos avergüenza y nos frustra a quienes -en mi caso en condición de mero ciudadano- hemos contribuido a la construcción del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (que se comenzó a generar a partir del desastre de Armero en 1985 y que adquirió vida legal con la Ley 46 de 1988 y el Decreto-Ley 919 de 1989), y a la construcción del Sistema Nacional Ambiental (creado por Ley 99 de 1993), que ese par de sistemas no hayan sido capaces de reducir el avance de la vulnerabilidad del territorio nacional frente a las dinámicas normales de la naturaleza, mucho menos ante las relativamente excepcionales. El mero hecho de que sean dos sistemas distintos y no uno sólo, ya arroja pistas sobre las razones del fracaso. Lo mismo se puede decir de los demás sistemas que, con buen fundamento teórico pero con muy poca eficacia, se han creado en Colombia para atender otros campos y actividades del desarrollo: no han sido capaces de reducir la vulnerabilidad del país frente a las múltiples dinámicas naturales y humanas que, por esa misma vulnerabilidad, se vuelven amenazas.

La gestión ambiental y la gestión del riesgo han pretendido, definitivamente sin éxito, imprimirle una dirección menos nociva al desarrollo económico.

El Gobierno nacional se está moviendo ahora con la presteza necesaria para atender la emergencia disparada por el fenómeno de La Niña (aunque hay que reconocer también que este desastre, que para la mayor parte del país se hizo evidente a finales de octubre y principios de noviembre, ya se avizoraba claramente y ya venía afectando a muchas comunidades por lo menos desde el mes de abril del año pasado). Se han tomado medidas para conseguir recursos excepcionalmente altos que se encuentran en el rango de los varios billones (millones de millones) de pesos. El Gobierno –interpretando al conjunto de la sociedad- ha expresado como prioritaria la necesidad de garantizar que no se roben esos recursos, y para ello ha tomado una serie de medidas importantes, que esperamos resulten eficaces. Yo, por supuesto, comparto esa preocupación del Gobierno y de la sociedad, pero me preocupa, además, cómo y con qué criterios y prioridades se van a invertir los recursos que se salven del robo.

¿Qué pensar el Zar?

Hasta este momento no he visto ningún documento oficial que establezca el enfoque territorial y social con que va a llevarse a cabo la reconstrucción de la zona afectada por el desastre, pero en el artículo central de la revista SEMANA que comenzó a circular a partir del sábado 8 de enero, parece haber algunos adelantos.

Foto: SEMANA.com

¿Qué habrá querido decir el que tituló ese artículo en el que nos presentan al doctor Jorge Londoño, el banquero designado para liderar la reconstrucción del país? Porque hasta donde yo recuerdo, por lo menos al último Zar no le fue bien...

En ese artículo nos presentan el perfil y la visión de los banqueros, industriales y demás empresarios que van a dirigir la reconstrucción, y nos dicen, por ejemplo, “que esta es la hora de pensar en grande en la infraestructura del país, que lleva décadas de atraso. Por eso, en esta fase hay que hacer túneles, viaductos, dobles calzadas, líneas férreas y mejores aeropuertos, que permitan tener una economía más competitiva para el comercio y más atractiva para la inversión extranjera.”

¿No es este, precisamente, el modelo de desarrollo que al mismo tiempo genera más cambio climático y una mayor vulnerabilidad frente al mismo?

En otras palabras, colocar como centro de la reconstrucción el fortalecimiento del modelo de desarrollo que a nivel planetario está conduciendo a la catástrofe. Claro: afirma también el artículo que el gobierno es consciente de que es necesario “proteger las laderas de los ríos” y “que las viviendas de alto riesgo se trasladen para anticiparse a una catástrofe”. Pero es que, en grandísima medida, tanto los ríos como las comunidades han sido violentados, precisamente, por la materialización de ese modelo de desarrollo que hoy se exacerba para conjurar el desastre.

Esa visión la ratifica el señor secretario general de la Presidencia cuando le dice a SEMANA que “esta es una oportunidad única para hacer las obras que necesita el país, pero hacerlas bien hechas, y para ganar tiempo, pues a lo mejor sin esta tragedia, muchas de las obras seguirían el curso lento tan típico en Colombia”.

Con muy buen criterio, el economista Luis Jorge Garay propuso a finales del año pasado fusionar la política de desplazados por distintas violencias y la de damnificados por el invierno, entre otras razones porque en muchos casos son los mismos, tanto en el Caribe, como en el Pacífico y en la región Andina. Ver: EL ESPECTADOR

Lo que estamos presenciando hoy, esa vulnerabilidad que le impide al territorio nacional absorber sin traumatismos los efectos de La Niña y que le impedirá en el futuro resistir con éxito al cambio climático, es el resultado de un sistemático desplazamiento no solamente de comunidades humanas y de culturas tradicionales, sino también de ecosistemas, de humedales, de especies animales y vegetales indispensables para la integridad del territorio, de ríos y de quebradas. Ese desplazamiento y este desastre son el resultado de la manera como se ha concebido y se está ejecutando el desarrollo en el país: a patadas físicas contra los ecosistemas y las comunidades.

Panamá: un ejemplo de construcción compulsiva de amenazas y vulnerabilidad. Varias ciudades costeras colombianas van para allá... o ya llegaron.

El Gobierno ha creado un “Fondo de Reconstrucción y Adaptación Climática” que, por ejemplo en la región Caribe, estará a cargo del doctor Hernán Martínez, prestigioso ejecutivo y ex ministro de Minas y Energía del gobierno de Uribe. Los mapas de abajo, preparados por el economista Guillermo Rudas con base en información de INGEOMINAS, muestran los efectos prácticos de la concepción del territorio y del desarrollo que posee este señor que tendrá en sus manos la reconstrucción y la adaptación al cambio climático en esa importante y azotada región de Colombia:

Como puede verse, durante los ocho años del gobierno anterior, el ministerio del doctor Martínez le impuso al país de manera unilateral e inconsulta con las comunidades de esos territorios, un destino minero que afecta más de la mitad del país (en esos mapas faltan los territorios en donde se comenzará a buscar el famoso coltán), incluidos la mayoría de los ecosistemas andinos y costeros que el mismo Estado, a través de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (IDEAM, Junio 2010) ha considerado como estratégicos para la adaptación del país a los retos del cambio climático.

El siguiente mapa (éste del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial) muestra de qué manera se superponen los títulos mineros ya expedidos sobre varios Parques Nacionales Naturales y otras zonas protegidas. Ni qué decir del efecto de esos títulos sobre las comunidades que habitan esos territorios ni de los ecosistemas que resultan estratégicos para su supervivencia cotidiana.

Fuente: MAVDT

Y el mapa siguiente, de ese mismo ministerio, le suma al anterior los títulos mineros que en este momento están solicitados:

Fuente: MAVDT

Donde se expidan esos títulos, en más de media Colombia materialmente no va a quedar espacio libre ni para sembrar una mata.

Para terminar, miremos el siguiente mapa con el cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Minas, sacó a licitación en junio del año pasado, 48 millones de hectáreas del territorio colombiano para dedicarlas a la exploración y explotación petrolera:

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Como he señalado en otras partes, 48 millones de hectáreas (o más exactamente 47’665.054) equivalen a 10 veces el tamaño de Costa Rica y a 1.231 veces el área construida de la ciudad de Bogotá.

¿Con qué criterios, entonces, se van a reconstruir la región Caribe y el resto del país, y con qué enfoques y prioridades se van a “adaptar” al cambio climático el territorio nacional, sus ecosistemas, sus instituciones y sus comunidades?