Artículo publicado en El Nuevo Liberal de Popayán el 4 de Octubre de 2013
Un hombre agobiado por problemas económicos. Los bancos amenazan con embargarlo. La hija mayor ha tenido que abandonar la universidad por falta de plata para la matrícula y el hijo menor está a punto de dejar el colegio porque lleva varios meses colgado en las pensiones. Y para colmo de las desgracias, acaban de descubrir que debajo de su casa hay una mina de oro.
Este
cuadro, por paradójico que parezca, refleja la situación de muchísimos
territorios de Colombia, de América Latina
y del resto del mundo, a los
cuales les ha caído lo que el maestro Guido Barona, llamó en uno de sus libros
“La Maldición de Midas” (Universidad del Valle, 1995).
El
Nuevo Liberal dedicó la portada y parte de su edición del domingo pasado (Septiembre 29, 2013), a un
completo informe sobre los títulos mineros que ya han sido otorgados sobre cerca
de dos mil hectáreas del municipio de Popayán, y sobre las solicitudes que
existen para que, en este mismo municipio, se titulen para minería 24 mil hectáreas
más.
Teóricamente
el hecho de que bajo el suelo de algún territorio exista oro, petróleo, carbón,
coltán o cualquier otro mineral valioso para el desarrollo, debería ser motivo
de satisfacción. No conozco, sin embargo, un solo caso en Colombia (ni fuera de
Colombia, pero podría ser ignorancia mía) que permita demostrar que la minería
ha transformado positivamente la calidad de vida de las comunidades de los
lugares en las cuales esa actividad se lleva a cabo. No hablo de que se hayan
incrementado las estadísticas de producción, el PIB, las regalías y otros
indicadores econométricos, o incluso de que se hayan hecho algunas obras de
infraestructura importantes, sino de que el conjunto social haya ganado
capacidad de decisión sobre sus propios destinos, de que sus necesidades
básicas hayan sido satisfechas de manera efectiva, de que haya más equidad y se
hayan fortalecido las condiciones para ejercer la participación, la
reciprocidad y la solidaridad, y de que se haya consolidado la identidad de las
comunidades con el paisaje del cual ancestralmente han formado parte.
Un
mapa oficial publicado en la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio
Climático (Ideam, Junio 2010), basado en datos del DANE, demuestra que aquellos
departamentos y regiones colombianas dedicadas históricamente a la minería,
están entre aquellos con “capacidad socio-económica muy baja”; léase: con
mayores necesidades básicas insatisfechas. Al mismo tiempo, son aquellas
regiones con menor capacidad de adaptación al cambio climático.
Entre
esos departamentos y regiones hay algunos donde la minería ha sido ejercida
artesanalmente y donde ahora la ejecutan bandas armadas ilegales poseedoras de
grandes maquinarias (como por ejemplo, pero no exclusivamente, la Costa
Pacífica), pero también hay otros donde en las últimas décadas ha sido llevada
a cabo por empresas multinacionales que llenan los requisitos que la ley
establece y que poseen políticas de “responsabilidad social corporativa”, que
en la práctica algunas cumplen pero que para otras son pura fachada.
Lamentablemente
no hay argumentos para afirmar que la minería genera verdadero desarrollo
humano. Esta afirmación es válida para la gran minería armada, pero también lo
es en gran medida para la legal. Los beneficios tangibles que genera esta
última en las regiones donde se ejerce no son proporcionales a los traumatismos
que causa, a las rupturas individuales y colectivas de todo tipo, a los
desplazamientos forzados justificados “por motivos de utilidad pública e
interés social”. Las empresas pueden alegar que ellas pagan las regalías que
les fija la ley, las cuales no han sido invertidas adecuadamente por los
agentes estatales. Esto puede ser parcial o totalmente cierto y hay ejemplos
como el caso de Yopal, en Casanare, donde la corrupción alrededor de las
regalías del petróleo ha generado consecuencias criminales contra la comunidad.
Pero
el hecho es que, por el motivo que sea, para la mayoría de las comunidades el
que bajo su suelo aparezca algún mineral valioso, no es una bendición sino una
desgracia: una “maldición de Midas”. En algunos pocos casos se han podido sanar
las heridas abiertas a algunas comunidades, pero sólo tras muchos años de dolor
que bien hubieran podido evitarse sobre todo si el Estado colombiano hubiera
tenido una política clara frente a la manera como la actividad minera debe
relacionarse con los ecosistemas y con las comunidades, y si hubiera ejercido
una verdadera tutela para proteger los intereses inseparables de unos y otras.
Al
leer el artículo del domingo pasado (Septiembre 29, 2013) en El Nuevo Liberal sobre la inminente
irrupción de la minería en el municipio de Popayán y en general en el Macizo
Colombiano, me preguntaba si el otorgamiento de esos títulos había sido
concertado con las autoridades departamentales y municipales y, por supuesto,
con las comunidades que van a ser afectadas. Y me lo preguntaba a sabiendas de
que muy seguramente la respuesta es NO. En Mayo del presente año el Ministerio
de Minas expidió un decreto en el cual reafirma que las decisiones sobre
minería en los departamentos y municipios no pueden ser tomadas o afectadas ni
por gobernadores ni por asambleas departamentales ni por alcaldes ni por concejos,
mucho menos por comunidades y organizaciones de base. Esa potestad corresponde
de manera exclusiva al gobierno central.
Para
unos sectores del Estado colombiano, las consultas previas a las comunidades
étnicas y los permisos y trámites ambientales son considerados como
(textualmente) “dificultades que afectan la agilidad y viabilidad del
desarrollo de los proyectos” (ver CONPES 3762 sobre Proyectos de Interés
nacional Estratégico PINES) y no como herramientas para garantizar que las
actividades “de desarrollo”, incluido los mega-proyectos mineros, no solamente
sean formalmente legales con el Gobierno, sino que además –y sobre todo- sean efectivamente
legales con los ecosistemas y con las comunidades.
En conclusión, como bien lo solicita el movimiento denominado “Moratoria Minera”, no se trata de satanizar a la minería en general, sino de hacer un alto hasta establecer muy claramente dónde se puede llevar a cabo y dónde no. Y donde sí se pueda, cómo debe ser su relación con el territorio, con sus ecosistemas, con sus comunidades y con los distintos niveles del Estado. “Minería sí, pero no así” es un lema que ha ido tomando fuerza en Colombia y que resume la posición de quienes pensamos que minería puede haber pero que la locomotora tiene que cambiar de rumbo antes de que nos destruya la casa.
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