La noticia según la cual el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, más conocido como Invima, reversó hace pocos días una decisión adoptada en agosto cuando retiró un lote de 34 medicamentos del mercado, ha creado todo tipo de suspicacias. Para comenzar, porque la medida original fue el resultado de un estudio que comprendió análisis de laboratorio para 827 compuestos diferentes, con la participación de los laboratorios de las universidades Nacional, de Antioquia, del Atlántico y de Cartagena. Entre los medicamentos seleccionados estaban, entre otras categorías, antibióticos, analgésicos, antigripales, inmunomoduladores y anticonceptivos, todos productos de alto consumo y relevancia clínica. Pero la sanción apenas duró dos meses, pues en un comunicado el Invima aclaró que había hecho un reanálisis, después del cual los productos cuestionados pasaron el examen.
Ante lo sucedido, solo caben dos hipótesis. Según la primera, la entidad estatal hizo un ridículo monumental al crear pánico entre los consumidores, sin tener fundamento técnico para hacerlo. De acuerdo con la segunda, el Instituto dio reversa por motivos diferentes a los hallazgos del estudio de marras, lo cual abre espacios para nuevos interrogantes.
Esas inquietudes tienen nombre propio: Jairo Céspedes Camacho, cuyo nombre fue aceptado por el Gobierno como condición para que el controvertido movimiento político Convergencia Ciudadana, apoyara en mayo la reforma constitucional a las transferencias, que salió airosa en la pasada legislatura. Oriundo de Galán, Santander, y, según la Presidencia de la República, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, este ex representante a la Cámara desempeñaba hasta su paso al sector público la presidencia de la Entidad Promotora de Salud, Solsalud, la misma cuya licencia está a punto de ser revocada por la Superintendencia Nacional de Salud. Pero aparte de esas labores, Céspedes Camacho venía de ser el secretario general de Convergencia Ciudadana, el partido liderado por Luis Alberto Gil, quien tras ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, renunció a su investidura de senador hace pocos días.
Es cierto que ninguno de esos antecedentes sirve para descalificar formalmente al actual director del Invima. Sin embargo, los impedimentos éticos saltan a la vista. Por tal motivo, la sombra de duda sobre sus actuaciones es y será inmensa, en una entidad que, aparte de tener 42.192 millones de pesos de presupuesto en el 2007, expide los registros sanitarios para todo tipo de productos de consumo, además de los medicamentos. Debido al poder de intimidación que tiene el Instituto, son muy pocos quienes se atreven a levantar su voz, a pesar de los rumores crecientes sobre la existencia de un sistema paralelo de registros o el nombramiento de varios centenares de supernumerarios.
Por tal motivo, no estaría de más que el Gobierno Nacional tomara cartas en el asunto y reanalizara el caso. Es indudable, claro, que el tema le podría generar complicaciones políticas en el Congreso, en donde la coalición uribista a veces es menos sólida de lo que parece, pero el bienestar de los colombianos debería estar por encima de las componendas y el manzanillismo. Y es que no hay que olvidar que uno de los elementos más importantes de la preservación de la salud de un país es la celosa vigilancia de lo que sus habitantes consumen. El objetivo primo no es otro que respaldar, después del análisis técnico a través de un registro sanitario o de una licencia, estos elementos para garantizar su inocuidad o su beneficio y proyectar la confianza necesaria de los mismos en toda la comunidad. Tales argumentos deberían ser razón suficiente para que los procesos, la estructura, los recursos y los profesionales del Invima, tengan los más altos estándares. Pero actuaciones como las ya descritas generan mucha más inquietud que tranquilidad.
Hasta aquí el Editorial de PORTAFOLIO. Al terminar de leerlo me pregunto: ¿Este es el mismo personaje que, como Director del INVIMA y mediante circular, prohibió la comercialización todavía vigente, de PRODUCTOS LÍCITOS de coca (galletas, bebidas, etc) elaborados por comunidades indígenas? De ese tipo de cosas fue que se mamaron, precisamente, los indígenas bolivianos. Para que después no se extrañen.
Octubre 27
No: el personaje no es el mismo. La institución sí: el INVIMA. La prohibición de comercializar productos lícitos de coca fuera de los territorios indígenas se produjo en Enero de 2007 y el prohombre Jairo Céspedes Camacho se posesionó en Mayo.
Dice una noticia de El Tiempo al respecto:
El ultimátum fue dado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que emitió una circular el 29 de enero a las secretarías de salud de 30 departamentos para que sean retirados de los establecimientos comerciales todos los "productos derivados de la coca" de los sitios diferentes a los territorios indígenas y pidió tomar las sanciones respectivas.El director del Invima, Julio César Aldana Bula, explicó que desde que llegó a la entidad, hace cinco años, los indígenas le estaban pidiendo el registro sanitario para sus productos y que para ello consultó a diferentes organismos del Estado.
Entonces, según la entidad, recibió un oficio del Ministerio de la Protección Social en el 2005 en el que les notificó que los "derivados de la coca son de monopolio del Estado". Y el director nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz Guerrero, les envió una carta en la que se dice que la elaboración de estos productos viola la convención única sobre estupefacientes del 30 de marzo de 1961, en la que se estableció que estos procesos deben estar fiscalizados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Bula dijo que con las respuestas que obtuvo no es viable expedirle un registro sanitario a estos productos. "Respeto los derechos de los pueblos indígenas, pero como institución debemos actuar dentro del marco de unas convenciones internacionales y de unas disposiciones legales vigentes".
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